Hay tres reportes que puede necesitar presentar para cumplir con la ley federal.
\nSAR — Reporte de Actividad Sospechosa. Un SAR señala transacciones que parecen estar relacionadas con un delito. Si una transacción de $2,000 o más parece sospechosa, debe informar al BSA/AML Compliance Officer el mismo día hábil. El BSA/AML Compliance Officer revisa los hechos y decide si presenta el Formulario 111 de FinCEN a través del Sistema Electrónico de la BSA. El plazo es de 30 días calendario desde que se detectó por primera vez la actividad sospechosa. Si la actividad sospechosa continúa, se debe presentar un nuevo SAR cada 90 días. Debe conservar el SAR y todos los documentos relacionados durante cinco años. Nunca le diga a un cliente, ni a nadie fuera de Rapido Facil Exchange Co., que se presentó un SAR. Esto es un requisito legal.
\nCTR — Reporte de Transacciones en Efectivo. Un CTR registra las transacciones grandes en efectivo. Si un cliente usa más de $10,000 en efectivo en un solo día hábil, incluso en múltiples transacciones, debe presentar el Formulario 112 de FinCEN a través del Sistema Electrónico de la BSA. Antes de completar la transacción, recoja el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento y el número de identificación con foto emitida por el gobierno del cliente. El plazo es de 15 días calendario contados desde la fecha de la transacción. Conserve el CTR durante cinco años.
\nCMIR — Reporte de Divisas o Instrumentos Monetarios. Si alguien transporta físicamente más de $10,000 en efectivo o instrumentos monetarios hacia o desde los Estados Unidos, debe presentarse el Formulario 105 de FinCEN dentro de los 15 días calendario.
\nLa estructuración es ilegal. La estructuración consiste en dividir transacciones en efectivo intencionalmente para evitar el límite de reporte de $10,000. Debe reportar cualquier señal de estructuración al BSA/AML Compliance Officer de inmediato. En Florida, la estructuración de montos superiores a $300 es un delito grave de tercer grado. Por encima de $20,000, es un delito grave de segundo grado. Por encima de $100,000, es un delito grave de primer grado. Estas sanciones aplican a todo empleado que ayude a un cliente a estructurar transacciones.
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